El sector forestal chileno ha tenido un rol preponderante en el desarrollo económico del país. Sin embargo, subsisten factores y situaciones reales que deben ser abordadas con urgencia por el Estado, mediante políticas públicas que creen un ambiente equitativo de competitividad entre los distintos tamaños de productores y que estos, a la vez, sean acompañados por organismos fiscales modernizados, funcionales y capacitados para fomentar y desarrollar el actual y futuro sector forestal nacional.
En Chile existen una cantidad apreciable de terrenos sin uso productivo. Para dar cuerpo a una propuesta de aprovechamiento de los mismos, debemos tener presente que los propietarios de estos suelos corresponden a familias que tienen una escasa superficie como inversión, su propia persona como fuerza de trabajo y absolutamente nada de capital.
La situación descrita se ha mantenido en nuestro país por varios decenios, debido principalmente al modelo económico donde las fuerzas puras de la oferta y demanda del mercado han regido el crecimiento junto con determinar la composición y tamaño de los agentes productivos involucrados. Reconociendo este discriminatorio paisaje social, es fundamental que, apoyados en una prioritaria política pública, se tomen medidas que permitan desarrollar proyectos asociativos, en los cuales el Estado pueda acompañar al sector de pequeños propietarios forestales de manera de obtener al final del proceso productivo, un resultado del negocio con una rentabilidad independiente de los intereses comerciales de las grandes y escasas compañías chilenas dedicadas actualmente a la industria forestal.
En estos tiempos, cuando se busca que Chile logre lo antes posible su paso al grupo de los países desarrollados, se puede decir que la estructura y composición empresarial atenta negativamente contra la premisa señalada. El gran tamaño de las industrias forestales les permite crear sus propias unidades de investigación y desarrollo, y cuando requieren de asesoría externa normalmente la solicitan en el concierto internacional.
Lo anterior resta avances sustanciales en cuanto a estudios o transferencias de mejores procesos y productos dentro del sector, muy especialmente para aquellos que se encuentran en nivel de medianos o pequeños emprendedores, a los cuales les es muy difícil obtener por su propia cuenta adelantos tecnológicos.
En general, los fondos públicos que financian investigación se encuentran diseñados para abordar materias cuyos resultados pueden darse en un horizonte de tres años, sin reconocer que la mayoría de las interrogantes relacionadas con los recursos naturales necesitan de un plazo bastante mayor. Igualmente, estos fondos demandan a los beneficiarios aportes propios en personal, infraestructura y dineros, atributos que muchos de ellos no tienen y por tanto quedan completamente marginados de obtener por estos medios, estudios y resultados para innovar y adoptar mejores prácticas para sus negocios forestales.
La hegemonía industrial y patrimonial que tienen las empresas del sector forestal chileno, de algún modo se ha desentendido de las externalidades negativas hacia sus vecinos, como son aquellas materias que guardan relación con la protección contra incendios forestales y muy especialmente contra el problema de las pestes y enfermedades de los bosques. En este último aspecto, han logrado obtener fondos públicos para solucionar sus propias inquietudes, quedando sus resultados muchas veces en poder y uso exclusivo de las escasas empresas patrocinadoras de los estudios.
En resumen, en el sector forestal de las plantaciones se presenta una concentración del capital, derivando en una integración vertical y horizontal de las grandes empresas del rubro, como consecuencia de ello, termina siendo duramente afectada la pequeña y mediana empresa y propietario forestal, encontrándose desprotegidos de mecanismos, herramientas y recursos financieros que pudieran viabilizar la gestión.
Una situación más difícil aún viven los propietarios medianos y pequeños de terrenos con bosque nativo, los que hasta el momento no han podido recurrir a este recurso para lograr mejorar sus condiciones de vida. Las actividades realizadas y recursos públicos dispuestos para enfrentar esta necesidad han sido magros, contrastando con los discursos permanentes de las diversas autoridades ejecutivas y legislativas en cuanto a relevar la importancia actual y futura de nuestro bosque nativo. Otro contrasentido respecto al interés que despierta este tema entre los gobernantes se puede deducir de la interminable tramitación del Proyecto de Ley de Fomento al Bosque Nativo.
En cuanto a la institucionalidad pública del sector forestal, ésta tiene un carácter de derecho privado con financiamiento público, característica que la hace muy vulnerable a ciertos objetivos y potestades que debe cumplir, relacionados principalmente con la fiscalización de la legalidad vigente y con otras funciones de desarrollo y fomento de diversos programas definidos como prioritarios para el sector. De allí que amerita tener una nueva estructura cimentada en el derecho público.
Estos aspectos, inherentes al sector forestal, ameritan ser tomados en serio por aquellos personeros a quienes les corresponde actualmente diseñar, dirigir y controlar los procesos de modernización interna del país, con la finalidad última de obtener en el mediato plazo un Chile sustentable, avalado por un crecimiento y desarrollo estable en aspectos económicos, ambientales y sociales.