En Chile, las áreas protegidas (AP) no son solo refugios de biodiversidad; son espacios donde se entrelazan la vida silvestre, la identidad cultural y el bienestar humano. Cubriendo cerca del 23,4% del territorio nacional, estas áreas son fundamentales para conservar ecosistemas únicos y garantizar servicios esenciales como agua limpia, regulación del clima o espacios para la recreación. Sin embargo, la forma en que valoramos estas áreas suele ser muy limitada, priorizando beneficios económicos como el turismo sobre aspectos más profundos, como la conexión espiritual o cultural de las comunidades con la naturaleza que estos lugares albergan. Comprender los múltiples valores que la sociedad atribuye a las AP no es solo una tarea académica, sino una necesidad urgente para construir políticas públicas más justas, inclusivas y sostenibles en Chile.
Tradicionalmente, las políticas de conservación en Chile han puesto énfasis en el valor intrínseco de la naturaleza (es decir, en el reconocimiento de que los ecosistemas y las especies tienen un valor por sí mismos, independientemente de cómo afectan la vida de las personas) y en los beneficios económicos de las AP, como el turismo. Sin embargo, diversas investigaciones permiten plantear que la naturaleza significa mucho más para las personas. Para las comunidades locales, un parque nacional puede ser un lugar sagrado, un espacio que fortalece su identidad o un vínculo con sus tradiciones ancestrales, o un lugar con importancia para sus actividades económicas. Estos “valores relacionales” —referidos a la conexión emocional, cultural o espiritual con la naturaleza— son tan importantes como los beneficios materiales, pero a menudo quedan invisibilizados en las decisiones de gestión.
El enfoque de múltiples valores de la naturaleza, promovido por marcos internacionales como la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES), y que Chile ha adoptado, nos desafía a integrar estos valores plurales —instrumentales, relacionales e intrínsecos— en la gestión de las AP dado que ello puede transformar la conservación en un proceso más equitativo, que respete tanto a la naturaleza como a las personas que dependen de ella.
La reciente Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) de 2023 marca un hito en Chile al plantear la extrema relevancia de la participación de comunidades locales e indígenas en la gestión de las AP. Esta ley, alineada con compromisos globales como el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, reconoce que la conservación efectiva debe considerar las perspectivas de quienes viven cerca de estas áreas. Sin embargo, para que esto se cumpla, necesitamos entender, en serio y con profundidad, cómo las comunidades valoran sus entornos y cómo estos valores pueden integrarse en políticas públicas.
Ignorar estos múltiples valores puede generar conflictos entre gestores de parques y comunidades, afectando la legitimidad de las políticas de conservación. Al contrario, incorporar estas perspectivas puede fomentar una gestión más inclusiva, fortalecer el apoyo comunitario y garantizar que las AP cumplan su rol de proteger tanto la biodiversidad como el bienestar humano.
Además, entender los valores plurales permite identificar tensiones y oportunidades. Por ejemplo, ¿cómo balanceamos las actividades económico-culturales con la conservación de especies? ¿Cómo aseguramos que los beneficios de las AP se distribuyan equitativamente? Estas preguntas requieren políticas que no solo midan hectáreas protegidas. Ganancias en biodiversidad, o ingresos por turismo, sino que también consideren el impacto cultural y social de las decisiones. Procesos participativos pueden ayudar a visibilizar estos valores y traducirlos en estrategias concretas.
Chile está en un momento clave para redefinir su relación con la naturaleza. La actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, ofrece una oportunidad para integrar los valores plurales en la gestión de las AP. Este enfoque no solo responde a las demandas de equidad y justicia social, sino que también alinea a Chile con los objetivos globales de sostenibilidad. Al valorar la naturaleza desde las perspectivas de las comunidades, podemos construir un modelo de conservación que no solo proteja nuestros ecosistemas, sino que también fortalezca los lazos culturales y sociales que nos unen a ellos.
En un país donde la naturaleza es parte de nuestra identidad, reconocer los múltiples valores de las áreas protegidas es más que una estrategia de conservación: es un compromiso con un futuro donde la biodiversidad y el bienestar humano vayan de la mano. Es hora de escuchar a las comunidades de manera genuina, transparente y comprometida, y dar un paso hacia una conservación más humana y sostenible.
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