El agua se ha convertido, sobre todo en la última década, en un tema central a la hora de hablar sobre la protección de los recursos naturales. Una persistente y cada vez más agresiva sequía y las consecuencias del cambio climático han transformado a este vital elemento en un tema fundamental, surgiendo la gran pregunta de ¿cómo protegerlo? —sobre todo— para el consumo humano. Respuestas y debate que, sin duda, estará presente cuando se empiecen a tratar los temas de fondo en la Convención Constitucional.
Sobre esta temática, un grupo diverso de actores públicos, privados y académicos dieron vida —hace ya 11 años— a la iniciativa “Agua y Medio Ambiente”, que busca fortalecer y profundizar instancias de dialogo y reflexión en torno al agua, con la idea de generar propuestas en políticas públicas. Es por ello, que, en medio del debate constitucional, lanzaron un documento con algunos ejes centrales que debiesen estar presentes en la nueva Constitución. Para ello, desde el último trimestre del año pasado, el grupo inició un trabajo especial, invitando a expertos constitucionales, para luego generar un espacio de debate, con el fin de elaborar una propuesta que pueda servir de insumos paras las y los convencionales cuando comiencen a debatir este importante tema.
La instancia cuenta con una Secretaría Técnica, conformada por ANDESS AG y el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables de la Universidad de Chile. La académica de la Facultad de Ciencias Forestales de la Casa de Bello y secretaría técnica de la iniciativa, Pilar Barría, explica la relevancia que ha ido adquiriendo el agua dentro del debate medio ambiental, tanto para el mundo científico académico, como también económico y productivo.
“El agua se ha convertido en los últimos años en un tema que ya no está limitado al ámbito científico o productivo. Su concepción y valoración ha ido cambiando, pasando de una visión que la consideraba solo como un recurso que circula por cauces naturales y se acumula en lagos, lagunas, humedales, acuíferos y otros, a una que valora su rol en la provisión de servicios ecosistémicos y ambientales, reconociendo que es parte de un sistema natural, de frágil equilibrio, interconectado e integrado. Adicionalmente, la valoración social y cultural hoy se ha hecho más evidente en el contexto de la escasez y en la emergencia de conflictos socioambientales en nuestro país. Es así como hoy el agua es un tema social, político en su sentido amplio que requiere ser considerado en la nueva Constitución”, explica.
La académica agrega que, por ello, es necesario que la Constitución aborde en profundidad esta temática. “El cambio climático es ya una realidad, tal como lo señala el último informe del IPCC, y ante esto es indiscutible pero a la vez es incierto, que fenómenos como las sequías, nos seguirán afectando como país, generando la urgencia de garantizar a nivel constitucional su uso prioritario para el consumo humano y un ineludible enfoque de sustentabilidad que incorpore el bienestar de las generaciones futuras y el cuidado del medio ambiente”, comenta.
El documento establece algunas directrices que debiesen ser consideradas en la nueva Constitución en materia de agua, tales como: el agua como un bien común de uso público; reconocer al agua como un derecho humano: dotar al Estado con capacidades y competencias, para ser garante de los derechos individuales, del bien común y de la protección del medio ambiente; establecer mecanismos de gobernanza y fomentar la participación, entre otros puntos.
Respecto a la necesidad de generar instancias de participación ciudadana, Barría, afirma que es importante tomar en cuenta a los territorios a la hora de la toma de decisiones. “Hoy en día no se concibe ninguna política pública sin el ejercicio del derecho a la participación, así como el acceso a la información para que esa participación pueda ser eficaz. Sin embargo, los instrumentos normativos que regulan la participación hasta hoy resultan ser insuficientes en el contexto social y político actual, y en este contexto es que en la Iniciativa -dentro de sus directrices- señala que la gobernanza debe fomentar la participación en la gestión hídrica, desde los territorios, centrando las decisiones a escala de cuenca. Debe articular instituciones públicas, con responsabilidades claramente delimitadas e intersectorialmente”, sostiene.
Por último, la académica dice que en el último tiempo ha existido una mayor conciencia por parte de la sociedad sobre los temas medio ambientales y la protección del agua como recurso que permite, en parte, que este asunto sea hoy un debate constitucional. “Cada vez existe una mayor conciencia en la población respecto a los problemas hídricos del país. Esto, asociado a la mayor difusión de los efectos del cambio climático y la visualización de la disminución de las fuentes de agua (menos nieve, embalses con menor agua, disminución de las precipitaciones, etc.), ha generado en la ciudadanía una preocupación por el tema. Sumado a esto, el proceso de elaboración de una nueva Constitución ha incentivado también a que muchas más personas comiencen a interesarse en los temas ambientales y su importancia en el día a día de la población”, finaliza.
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