Don Guillermo Julio Alvear, Doctor Ingeniero Forestal, Laboratorio de Incendios Forestales de la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, escribió un artículo que replicamos a continuación.
El precario apoyo legal e institucional que posee el Estado para cumplir con su responsabilidad de proteger los bosques y los ecosistemas forestales es un problema mayor.
Los incendios forestales han afectado a Chile desde tiempos remotos. Sin embargo, los mayores perjuicios de la devastación de bosques comenzaron con la colonización de los españoles, situación que posteriormente fue reiterada por los criollos. Se señala como un período especialmente crítico al transcurrido entre los años 1850 y 1950, cuando, primero en el sur y luego en la Patagonia, unas 20 millones de hectáreas de bosques naturales fueron arrasadas como consecuencia de quemas aplicadas en forma irresponsable, con el propósito de habilitar los terrenos para la agricultura y la ganadería.
A mediados del siglo pasado, ante la alarma pública por los daños que ocasionaban los incendios y las quemas, y debido a la mínima preocupación que se observaba por la conservación de la naturaleza, se promovieron las primeras iniciativas concretas por la defensa de los recursos boscosos. En 1967 se formuló el Plan Nacional de Protección contra Incendios Forestales, el que se ha mantenido hasta la fecha, primero bajo la responsabilidad exclusiva del Ministerio de Agricultura y, luego, con la incorporación de las grandes empresas forestales a partir de 1978.
En su período inicial el sistema nacional de protección tuvo una interesante evolución, con un incremento permanente en la cobertura territorial y de su efectividad en el control de incendios. Los presupuestos también aumentaron, disponiéndose de un equipamiento cada vez mejor en cantidad y calidad.
A ello se agregó un mejoramiento progresivo en la formación y experiencia del personal, que llevaron a la organización nacional a ser considerada en los años ochenta como un modelo para Latinoamérica, incluso a un nivel que se calificó como similar o superior al que existe en los países europeos.
Situación actual
El esquema Conaf/Empresas Forestales continúa conformando la base fundamental del manejo del fuego, y está integrado al Sistema Nacional de Emergencia que coordina la Onemi, donde también participan Bomberos, Carabineros, Fuerzas Armadas y otras organizaciones públicas y privadas, especialmente cuando el fuego amenaza a sectores de la interfaz urbano-rural y, en situaciones de incendios catastróficos.
No obstante, el fuego continúa provocando severos daños económicos, sociales y ambientales. En las dos últimas décadas, el promedio anual de incendios forestales ha fluctuado entre 5 y 6 mil hectáreas, con una superficie promedio quemada de 50 mil ha. El Laboratorio de Incendios Forestales de la Universidad de Chile calculó que las pérdidas en bienes con un valor comercial son algo superiores a los US$ 50 millones al año. Sin embargo, los perjuicios son mucho más críticos por su impacto en el medio ambiente y en la calidad de vida de las personas, tanto en los sectores rurales como en los espacios periurbanos de pueblos y ciudades. Estas últimas pérdidas, cuya valoración no es fácil, se estiman que podrían ser desde ocho a diez veces superiores a las pérdidas directas antes mencionadas; esto es, unos US$ 400 millones a US$ 500 millones por año, sin considerar el impacto de mayor gravedad, que es la lamentable e invalorable muerte de personas que se reitera prácticamente en todas las temporadas de verano.
En los comienzos del presente verano 2011-12 todo Chile se ha remecido por incendios forestales que han provocado daños extremadamente severos.
Los recientes casos del Parque Nacional Torres del Paine, Pichiqueime (Quillón-Florida) y Casa de Piedra (Carahue) han representado impactos de una enorme magnitud en los planos ambiental, social y económico, y reflejan, tal como se comentará más adelante, que la tarea aún se lleva en forma insuficiente para prevenir el problema, y con limitaciones para pronosticar y controlar eventos de comportamiento extremo del fuego en situaciones derivadas de condiciones meteorológicas críticas y prolongadas.
Formulación de una política pública
El interesante desarrollo que comenzó a partir del Plan Nacional de Protección de 1967 está observando, desde hace unos 20 años, una suerte de inmovilismo. Los resultados de la gestión ya no mejoran ni muestran los progresos en la innovación que prevaleció inicialmente.
En alguna medida la situación podría ser una consecuencia de la falta de un decisivo apoyo del gobierno, que no aumentó las asignaciones presupuestarias al ritmo de los años anteriores, y tampoco se ha provisto el apoyo institucional que se ha requerido para fortalecer a Conaf, institución que ha demostrado innegables esfuerzos para realizar su tarea.
El hecho es que actualmente el sector privado está financiando la mayor parte del funcionamiento del sistema nacional de protección, no obstante que su responsabilidad recae exclusivamente a un patrimonio territorial que corresponde aproximadamente al 10 % del total de la superficie del país que debe protegerse. Se constata como hecho que el desarrollo de la protección, en sus últimas dos décadas, se ha basado exclusivamente en un incremento permanente de medios llevado de un modo inorgánico, quedando el empleo de las capacidades disponibles sin las orientaciones que se requieren para la resolución de los problemas que se evidencian como los de mayor importancia. Por otra parte, se estima que no será posible mejorar el sistema nacional de protección mientras algunos de sus componentes fundamentales, como la prevención, la capacitación y la asistencia técnica, estén reducidas a una mínima expresión, lo que se refleja en que el presupuesto conjunto de los sectores público y privado equivalen al 5% del total asignado a las operaciones de detección y combate.
Junto con lo anteriormente expuesto, es necesario complementar que:
a) Las campañas de prevención han operado permanentemente sin recursos suficientes.
Además, su diseño y ejecución no se han ajustado debidamente a los conceptos de generalidad, sistematicidad, progresión y continuidad. En consecuencia, es altamente conveniente otorgar a esta actividad la importancia que corresponde, y velar que su preparación y realización se desarrollen sobre la base de los antecedentes, criterios, métodos y técnicas recomendables.
b) El combate es una de las fortalezas del sistema nacional de protección, por la formación y experiencia del personal, el equipamiento que poseen las unidades de extinción y los esquemas de organización que se utilizan. Un aspecto débil es el régimen de contratos temporales para el personal, que es necesario resolverlo, porque indudablemente afecta a la continuidad de la organización e incrementa los esfuerzos en la capacitación y el entrenamiento.
c) Las normas de regulación del uso del fuego han sido positivas, al comprobarse la disminución de la incidencia de las quemas en el origen de los incendios, que descendió desde el 60% al 12% entre los años 1960 y 2011. Sin embargo, se observan puntos que requieren remediarse, como la precariedad de la legislación sobre el tema, la no exigencia de planes de quema, la falta de preparación del personal de Conaf para prestar asistencia técnica a los usuarios del fuego y el desconocimiento que existe sobre el uso de esta herramienta en diversos objetivos del manejo forestal.
d) En Chile existen instituciones y expertos que han demostrado su competencia en la innovación tecnológica del manejo del fuego, específicamente en el diseño de sistemas y modelos de optimización operacionales, formulación de planes estratégicos y en la gestión misma de la protección. Lamentablemente esta capacidad se aprovecha escasamente. Es urgente, por lo tanto, que Conaf y las empresas forestales adopten una actitud más abierta a estas posibilidades, y no continúen con su proceso tradicional de gestión, basado en la experiencia y elementos subjetivos. La investigación, que debiera conformar una base fundamental del progreso de la protección, se desarrolla a un nivel mínimo, lo que, en la práctica, está significando una evidente descapitalización tecnológica.
e) Es indudable la insuficiencia del presupuesto para el control de incendios forestales. La asignación actual de recursos fiscales debiera incrementarse significativamente. Por otra parte, es necesario establecer la exigencia de un aporte por parte de las empresas de tamaño mediano que poseen la capacidad económica para sostener sistemas de protección. Estas empresas están cubriendo su responsabilidad por la vía de los subsidios cruzados que derivan del trabajo que ejecutan Conaf y las empresas mayores.
f) Un problema mayor es el precario apoyo legal e institucional que posee el Estado para cumplir con su responsabilidad de proteger los bosques y los ecosistemas forestales. En ello resalta la condición de corporación de derecho privado que posee Conaf, que no se condice con su carácter de servicio forestal nacional y que, evidentemente, limita su competencia en la diversidad de roles que debe cumplir.
Finalmente, cabe mencionar que la mayor parte de las debilidades mencionadas del sistema de protección chileno han sido consideradas en un Proyecto de Ley sobre Incendios Forestales, preparado por un grupo de trabajo coordinado por Conaf y la participación de Corma, Infor, Universidad de Chile y el Colegio de Ingenieros Forestales. Su elaboración se inició en el 2008 y concluyó a mediados del 2011. Actualmente se encuentra bajo la revisión del gobierno para ser remitido luego a la sanción del Congreso. Esto es, indudablemente, una buena noticia, y se espera que los actores interesados en un mejor futuro forestal para Chile manifiesten su convicción para que este proyecto definitivamente se concrete en la ley que contenga las normas que hoy se requieren, y establezca las bases esenciales para la formulación de una política pública relacionada con este importante tema.
FUENTE: http://www.lignum.cl/