-"Chile carece de un modelo sustentable de universidad pública, lo que pone en grave riesgo la existencia de las universidades estatales", afirma Víctor Pérez.
-Pide que se entienda a esos establecimientos como un brazo del Estado.
-Propone un nuevo trato con derechos y deberes entre ambas partes.
-El gasto privado en educación superior en nuestro país es 6 veces mayor que el gasto público
"Una profunda crítica al trato que entrega el Estado a las universidades estatales y la exigencia que financie -al menos- el 50% del presupuesto total de estos planteles realizará mañana el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, en un documento que distribuirá en un seminario internacional al que está invitada la ministra de Educación, Mónica Jiménez.
El texto, cuyo contenido se envió por mail este mediodía a los académicos del plantel y al cual accedió La Segunda, es una propuesta de política pública en la que invita al resto de esas casas de estudio a enriquecerla "de manera que en conjunto se presente al Gobierno para la formulación de una ley".
El consorcio de establecimientos estatales está formado por las universidades Arturo Prat. de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, La Serena, de Valparaíso, Playa Ancha de Ciencias de la Educación, Usach, de Chile, Umce, Utcm, de Talca, del Bío Bío, de La Frontera, Los Lagos y de Magallanes.
"Incomprensible" no revisar el financiamiento
En el documento, Pérez sentencia: "Chile carece de un modelo sustentable de universidad pública, lo que pone en grave riesgo la existencia de las universidades estatales o, peor aún, supone una existencia precaria basada simplcmcntc en asegurar una supervivencia huérfana de toda misión superior".
Agrega que hoy existe "un paisaje muy heterogéneo de universidades estatales, carentes en muchos casos de una clara misión afín a su rol público y desconectadas con sus contextos sociales y económicos locales".
A su juicio es 'incomprensible" que no haya habido una revisión profunda del modelo de autofinanciamiento y señala que "el gasto privado en educación superior en nuestro país es 6 veces mayor que el gasto público, lo que es una anomalía si nos comparamos con los indicadores de los países de la OECD".
Pérez hace una serie de solicitudes concretas para estos establecimientos (ver recuadro), entre las que destaca un aporte base permanente equivalente al menos al 50% del presupuesto actual de cada universidad (en forma gradual en 5 años), establecido por ley y consignado en el Presupuesto Nacional, "destinado exclusivamente a las universidades públicas (...) lo que exige modificar la política del autofinanciamiento prevaleciente hoy".
Actualmente los aportes estatales a estos planteles no superan el 25%.
"Materialismo chato"
Pérez -quien además es vicepresidente del Consejo de Rectores-- propone "un nuevo trato" con derechos y deberes entre el Estado y estas universidades.
La idea, dice el informe, es "que se cn-tienda la universidad estatal como el brazo del Estado (...) No es admisible que las universidades callen frente a los problemas del país". Por ejemplo, enumera:
-Cuando no comparten el tipo de desarrollo que observan en las ciudades, cómo se destruye tanto el patrimonio natural como aquel construido; el tipo de relaciones laborales que impera dentro de muchas empresas; hay inquietud sobre la improvisación en política energética; hay angustia por la amenaza de la droga y el narcotráfico; las amenazas a la familia y la vida; sobre las consecuencias del consumismo individualista, la corrupción, la indiferencia ante el dolor de los otros, la prcvalcncia de un materialismo chato y empobrecedor.
Pérez critica la política pública de los años en democracia, diciendo que "se abocó al resguardo de los intereses privados con medidas privatistas (...) El discurso se hace cínico y vacío porque habla de solidaridad para mayor igualdad, pero arranca desde lo privado, que se ha petrificado en un individualismo hedonista, que poco o nada se interesa por el destino de los otros".
Lo público, asegura, "queda en manos de un Estado disminuido, constantemente denostado y vigilado, ideológicamente. Los espacios públicos se deterioran, los colegios públicos decaen, los hospitales estatales se hacen obsoletos, así como los bienes que estos producen; la enseñanza y la atención primaria".
Sobre la educación pública superior, señala que "las medidas tomadas en democracia son insuficientes y parciales. Se ha ido generando un conjunto de normas que rige la existencia y el desarrollo de las universidades públicas hecho de saldos y retazos".
Y advierte: "la magnitud de la reforma que se requiere es muy significativa".
Las propuestas: más recursos y convenios específicos
Lo primero que plantea el rector es distinguir entre las universidades regionales y la Universidad de Chile, de carácter nacional. "El propósito es que el Estado entregue a cada región un instrumento vital para su desarrollo permanente, vinculado con los desafíos propios de cada localidad, contribuyendo a la descentralización del país", dice.
Advierte que las universidades estatales regionales (que eran sedes de la U. de Chile hace 35 años) 'tienen problemas para alcanzar la necesaria calidad académica, con lo que provocan serios impactos en la educación en general y en la pública en especial".
Así, además del aporte base permanente equivalente al menos al 50% del presupuesto actual para cada universidad propone crear:
-Un Fondo Especial para el desarrollo y modernización de la educación superior pública;
-Un Consejo Nacional de Educación Superior Pública (CNESP) -presidido por la ministra de Educación- que establezca normas sobre el desarrollo de la educación superior pública, evalúe resultados y asigne los recursos del Fondo Especial;
Y un nuevo tipo de convenios entre los planteles y el Estado, especificos para cada universidad de acuerdo con metas y plazos, que tengan directa relación con los desafíos que se definan como prioritarios.
Los compromisos de los planteles
También se plantean compromisos de pare de los planteles: acreditar las instituciones y sus carreras, definir programas con metas y resultados verificables en calidad y productividad académica, contribuir a la modernización del Estado y ser co-responsables para superar la desigualdad en la educación en todos sus niveles.
Pero, además, tener cuentas transparentes: "A los mayores recursos planteados deben corresponder mejores resultados, y los resultados y el uso de los recursos deben ser conocidos por todos. Es fundamental incluir mecanismos concretos y exigentes de evaluación de resultados y de revisión de cuentas de estos nuevos fondos así como su impacto", dice el rector Pérez.