El sector forestal, ecologistas, universidades y todas las entidades relacionadas han celebrado la reciente aprobación del proyecto de Ley Corta del Bosque Nativo en el Senado. Después de quince años, por fin nuestro país contará con una herramienta que define claramente los límites para el aprovechamiento de este invaluable recurso.
Sin embargo, tanto en entidades universitarias de prestigio como en el Colegio de Ingenieros Forestales, ha surgido una voz de alerta: una indicación de última hora -que no fue consultada con la Mesa Forestal que actuó como organismo consultivo para la elaboración del proyecto de ley- permitiría a profesionales que no tienen las competencias adecuadas, elaborar y presentar ante CONAF planes de manejo del bosque nativo.
El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de nuestra Universidad, en conjunto con otros decanos e instituciones gremiales, están haciendo todos los esfuerzos para lograr que el artículo 7 sea reformado. En la última reunión de la Mesa Forestal se acordó una modificación, pero no es seguro que ésta vaya a ser aceptada por el parlamento. Las consecuencias que podría tener su aprobación las detalla el Decano González en la presente entrevista.
¿Cuál es la importancia de la ley corta del Bosque Nativo?
Lo importante es que después de mucho tiempo, por lo menos se satisface la necesidad de que Chile cuente con una nueva herramienta legal que permita un manejo sustentable del bosque nativo, una gestión armónica con el medioambiente y un adecuado vínculo con las etnias que están relacionadas con él. Además, está involucrado el régimen de aguas, las distintas especies que están en vías de extinción, y por tanto es una buena herramienta que satisface los requerimientos del sector forestal en Chile.
Otro aspecto relevante es el reconocimiento oficial de que en Chile existe un bosque nativo, acotando más claramente que significado tiene éste. Esto es muy importante porque permite que se incorpore a la gestión económica y al servicio del país, un recurso que ha sido postergado durante décadas, en el sentido de no contar con la atención necesaria en programas de investigación y de fomento. Una buena idea es la de aumentar los recursos financieros que se destinan a investigación relacionada con el recurso forestal.
¿Como se caracterizaba la gestión del bosque nativo hasta el momento?
Normalmente, las cortas se realizaban en bosques donde hubiese especies de valor comercial, y se remitían a cosechar las especies de mayor valor, lo cual se denomina “floreo”. En general, son pocas las experiencias de manejo forestal sustentable en bosque nativo, debido a la complejidad técnica y al escaso interés por parte de los propietarios por darle un uso apropiado. Además, había desconocimiento respecto a la gestión de estos bosques. Es decir, había varias cosas que estaban en el terreno de lo desconocido. Con el tiempo y producto del desarrollo de conocimiento científico-técnico impulsado principalmente por las universidades, hay menos incertidumbres, lo cual junto a esta iniciativa legal, entregará una base sólida para una gestión sustentable -a través de los planes de manejo- de nuestro bosque nativo.
Hasta el momento, ¿quiénes son los encargados de elaborar los planes de manejo?
Ese campo de trabajo siempre ha sido de los ingenieros forestales. Desde que se creó la carrera hace 55 años, ese ámbito de acción del ingeniero forestal está muy claro, a nadie se le ocurriría pensar que hay otra profesión que pueda tener cabida. De hecho se discutió mucho al comienzo para que el ingeniero agrónomo especializado participara en estas labores, y como la Ingeniería Forestal había sido creada a partir de las Ciencias Agronómicas, se dio esta posibilidad y se aceptó, como única alternativa.
¿Quiénes podrían participar en este trabajo desde ahora?
El artículo 7 permite que otros profesionales, que no son forestales ni agrónomos especializados, puedan confeccionar y presentar ante CONAF planes de manejo. Aquí se habla de ingenieros en recursos naturales, geógrafos, otras profesiones que están relacionadas con el quehacer agronómico o el quehacer forestal. Nosotros como forestales estamos diciendo que el campo del bosque nativo es un campo de ingenieros forestales, a lo más de ingenieros agrónomos especializados, y nuestra posición es la de no permitir que participen otras profesiones que no tienen las competencias para desarrollar labores que son propias de la Ingeniería Forestal.
¿Cuáles son los riesgos de esto?
Los riesgos son principalmente del tipo técnico - científico. Cuando uno dice que los médicos son los adecuados para realizar operaciones quirúrgicas, que los arquitectos son quienes tienen que presentar los planes para una determinada construcción, lo que estamos reconociendo son competencias para realizar labores específicas. El riesgo de que otros profesionales que a nuestro juicio no cuentan con las competencias necesarias, realicen estas labores, es que se hagan intervenciones en una riqueza tan importante como es el bosque nativo que tengan un carácter irreversible. Entonces el país -ya no el particular que autoriza que se establezca un plan de manejo en su predio- está perdiendo de una forma irreversible su recurso. Y estamos arriesgándonos a que eso ocurra incluso amparado por la ley. Claro, uno puede decir que si un profesional ejecuta mal su labor y cometió un error, bueno, habrá una pena. De lo que no estamos tomando conciencia en este momento es de que el error que se cometa aquí puede tomar ochenta, cien, doscientos o trescientos años en ser recuperado. Ese es el peligro que estamos corriendo.
La última Mesa Forestal decidió un cambio a este artículo. Si esto es aceptado por el Congreso, ¿se soluciona el problema?
Hubo una indicación que cambiaba el artículo 7 para que los planes de manejo fueran presentados por ingenieros forestales y agrónomos especializados, y los planes de conservación fueran presentados por otros profesionales. Y eso a nosotros nos parece que, no siendo perfecto, es menos malo de lo que se estaba proponiendo inicialmente por el Parlamento. Pero no nos deja totalmente contentos, porque es dar cabida de una forma irresponsable a otros profesionales para actuar en un campo que es propio de la Ingeniería Forestal.
¿Son muchas las instituciones que se oponen al artículo 7?
Si, porque acá hubo un componente de intereses institucionales, intereses personales o de cualquier otro tipo que no comprendo, para incluir a otras profesiones en una gestión que es netamente forestal. Sin consulta a las universidades tradicionales, que tienen más experiencia en la materia. Nos consta que a lo menos hay otras cinco universidades que se oponen absolutamente a esta condición: la Universidad de Concepción, Talca, La Frontera, Católica y Católica del Maule, además del Colegio de Ingenieros Forestales. Ahora estamos tratando de sensibilizar a la Cámara de Diputados, en cuyas manos está la decisión final.